Pertinente es la revisión de significados del concepto guerra cultural que hace Agustín Squella en su columna de ayer. Más pertinente para el Chile actual es la acepción con la cual se queda (que, como bien indica, no admite el concepto de guerra): esa disputa entre una cultura dominante de ideas y una de minoría, cuestión que debiera ser permanente en una sociedad democrática y plural. Porque a las políticas públicas que propone tal o cual sector político u organización de la sociedad civil, no solo subyacen evidencia y experiencia comparada, sino que también ideas. Quienes las promueven deben, entonces, ponerlas en el debate público, y desafiarse a conectarlas con la sociedad si es que quieren ver esas políticas públicas hechas realidad.

Qué duda cabe que la transformación institucional y regulatoria que se hizo en el ámbito educacional a partir de la década pasada fue posible porque un conjunto de ideas logró alcanzar predominio cultural: que en bienes públicos como la educación la iniciativa privada tendía naturalmente al abuso y la discriminación, más que a la calidad; que el Estado debía ser el prestador preferente; que había que excluir a organizaciones con fines de lucro; prohibir la selección, e imponer restricciones intensas al resto de la prestación privada.

En el ámbito económico, la evolución del sistema tributario, permisológico, laboral y de regulaciones sectoriales, fue también posible por una concepción predominante: la empresa privada, si bien era necesaria para el crecimiento (todos siempre lo declararon), incurría en una inclinación natural a la captura de rentas excesivas, abuso a trabajadores o a la destrucción del medio ambiente y, por lo tanto, debía ser conducida o intensa y profusamente regulada desde el Estado para que el crecimiento tendiera al bien común.

Incluso en el ámbito de la administración del Estado, detrás de la captura política de espacios del empleo público, no solo había mezquinos intereses, sino que también una idea más de fondo que también luchó por predominio cultural: la tecnocracia que administra ciertas instituciones públicas, y el foco excesivamente economicista que le imponen, carecen de control democrático y terminan dándoles la espalda a los intereses de la ciudadanía (¿recuerdan que en el primer proceso constitucional se intentó cambiar la forma de elegir y remover a los consejeros del Banco Central y ampliar su ámbito de acción?).

Este predominio de ideas no fue suficientemente desafiado en el debate público. Algunos creyeron que eran irreversiblemente hegemónicas en la sociedad, frente a las cuales no quedaba más remedio que sumarse, solo que con una versión más amarilla. Otros creyeron que bastaban solo los datos y la evidencia para desafiarlas.

Habiendo sufrido las consecuencias del deterioro o estancamiento económico, educacional e institucional, y por supuesto en seguridad, los chilenos en la última elección intuyeron que era el momento de darle la oportunidad a un sector político que —desde su nacimiento, en campaña y ya veremos ahora que son gobierno— sí confrontó esas ideas predominantes.

Es de esperar que no solo el actual oficialismo, sino que también todos los sectores políticos y de la sociedad civil que participan en lo público, sobre todo en una coyuntura compleja de estrechez fiscal y de guerras globales que afectan el bolsillo de los chilenos y que demanda acciones decididas y empáticas, no olviden esa otra dimensión del debate menos coyuntural y de largo plazo: la confrontación de las ideas que subyacen a sus propuestas de política pública. Porque solo a partir de este debate democrático y plural que conecte con la ciudadanía, el péndulo regulatorio e institucional podrá ubicarse en un nuevo lugar que habilite un nuevo ciclo de reactivación económica, educacional e institucional.

Bernardo Larraín
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